La diputada provincial Cecilia Barros propuso un protocolo de actuación para prevenir y abordar situaciones de violencia en establecimientos educativos primarios y secundarios, tanto públicos como privados.
Con el objetivo de garantizar entornos escolares más seguros, la diputada provincial Cecilia Barros presentó en la Cámara Baja el proyecto de ley denominado “Protocolo para Entornos Educativos Seguros”, destinado a escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas de Catamarca.
La iniciativa surge ante situaciones que preocupan a la comunidad educativa, como amenazas difundidas en redes sociales, hechos de intimidación entre pares y la posible presencia de objetos peligrosos dentro de los establecimientos escolares. El proyecto propone herramientas de prevención, detección temprana y actuación responsable, priorizando el cuidado integral de los estudiantes y el respeto por sus derechos.
“Este proyecto de ley busca garantizar entornos escolares más seguros, fortaleciendo la prevención y promoviendo una cultura de cuidado, responsabilidad y convivencia dentro de las escuelas. Apunta principalmente a prevenir hechos de violencia antes de que ocurran, poniendo un fuerte énfasis en el rol de las familias y en la protección integral de niños, niñas y adolescentes”, expresó la diputada Barros.
El protocolo contempla una primera etapa preventiva basada en la formación y concientización de estudiantes, docentes y familias. Incluye espacios institucionales de diálogo como tutorías, talleres y jornadas educativas, así como capacitaciones obligatorias para el personal docente y directivo.
En una segunda instancia, denominada “Abordaje preventivo para un entorno seguro”, se habilitan controles preventivos no invasivos sobre pertenencias de estudiantes, de manera aleatoria y bajo supervisión de autoridades escolares. Estos procedimientos se realizarán mediante la apertura voluntaria de mochilas por parte del estudiante, respetando su integridad y derechos.
Finalmente, la propuesta establece una etapa de actuación y seguimiento ante posibles situaciones de riesgo. Entre las medidas se encuentran preservar la calma, separar preventivamente a la persona involucrada sin ejercer violencia, dar aviso al 911 y contactar a los padres o tutores. Cada institución deberá elaborar informes y coordinar acciones con equipos interdisciplinarios para el acompañamiento posterior.
El proyecto también destaca el rol de las familias, quienes deberán adherir al protocolo mediante la firma de un acta de compromiso. Además, prevé sanciones de carácter social y reparador ante incumplimientos graves, priorizando tareas comunitarias y talleres educativos por sobre multas económicas.