La Cámara de Apelaciones realizó la audiencia por la causa que involucra al diputado provincial del MID Javier Galán y anunció que el veredicto sobre el pedido de desafuero se dará a conocer el 15 de septiembre.
La Cámara de Apelaciones realizó la audiencia por la causa que involucra al diputado provincial del MID Javier Galán, en la que se debate el pedido de desafuero solicitado por peculado de servicios, exacciones ilegales y amenazas agravadas, a partir de la denuncia de Iván Luna Avellaneda. Se trata de uno de los frentes judiciales que enfrenta el legislador desde abril, cuando se conocieron las primeras denuncias en su contra. Tras escuchar a las partes, el tribunal anunció que el veredicto se dará a conocer el próximo 15 de septiembre.
La audiencia se convocó por el recurso de apelación que la defensa de Galán presentó contra el auto interlocutorio del juez de la causa, que ya había solicitado el desafuero. Los abogados patrocinantes de Luna Avellaneda, Silvia Barrientos y Jaime Morales, remarcaron que el legislador intentó frenar el planteo al argumentar que la denuncia por amenazas “no es tipificable” y que no existen pruebas del peculado ni de las exacciones ilegales que se le atribuyen.
Según relató Barrientos, Luna Avellaneda había sido propuesto como testigo en la causa iniciada por la primera denunciante de Galán y decidió denunciar después de que, un sábado, el legislador lo citara en un lugar privado y, mientras exhibía un arma, lo amenazara para que no se presentara a declarar o negara conocer a quien lo había propuesto como testigo. “Sintió miedo”, relató la abogada y agregó que otras denuncias indican que Luna Avellaneda era empleado de la Cámara de Diputados pero trabajaba para Galán, a quien debía entregarle parte de su sueldo.
“Nosotros nos centramos en estar absolutamente de acuerdo con los argumentos que usó el juez para pedir el desafuero”, señaló Barrientos y enumeró las pruebas ya reunidas: el testimonio detallado del joven, que conocía el lugar de los hechos por haber trabajado en el entorno de Galán; informes de la Cámara de Diputados que acreditan que era empleado desde diciembre sin haber firmado nunca una planilla; la falta de certeza de la secretaria del bloque sobre cómo se formaliza a un empleado; y un oficio librado a la ARCA para determinar quién estaba a cargo del Corralon San Javier, que según remarcó pertenecía a Galán. Calificó de “inverosímil” que, tras cinco meses de trabajo, nadie en el bloque supiera cómo ponerlo en planilla.
Consultada sobre los pasos siguientes, Barrientos explicó que, si la Cámara confirma el criterio del juez, el planteo de desafuero podría avanzar hacia la Legislatura, aunque la defensa ya adelantó que recurrirá en casación, por lo que el trámite podría prolongarse. “Tenemos que esperar que eso siga dilatándose eternamente”, advirtió. Por otro lado, Galán sostuvo que “no es un producto político” y remarcó que sus acciones “no son una estrategia”. El diputado volvió a insistir en que las denuncias en su contra son falsas y que su objetivo aparente es hacerlo quedar mal.