Un relevamiento del IERAL de la Fundación Mediterránea indica que la mayoría de las jurisdicciones implementó medidas para subsidiar tasas de interés o reducir impuestos sobre préstamos, pero Catamarca no aparece en el listado. En la Legislatura provincial hay dos proyectos en debate: una Ley Anti Usura presentada en agosto y una propuesta oficialista de emergencia en deducción de haberes.
Catamarca no figura entre las jurisdicciones que anunciaron programas para aliviar a las familias con deudas en mora. Así surge de un relevamiento del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, que repasó las políticas provinciales de alivio financiero a partir de noticias y páginas oficiales.
Según el informe, la mayoría de los gobiernos provinciales puso en marcha medidas con ese objetivo. La orientación predominante es utilizar fondos públicos para subsidiar la tasa de interés, aunque varias jurisdicciones optaron por bajar la carga tributaria.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Pampa y Neuquén aplican beneficios impositivos totales o parciales sobre los préstamos, en Ingresos Brutos o en Sellos.
En la provincia, el sobreendeudamiento ya había llegado a la Legislatura en agosto.
El 12 de ese mes, los diputados Mamerto Acuña, Natalia Herrera y Tiago Puente (GENERAR), junto con María Laura Quintero (LLA), presentaron la Ley Anti Usura. El proyecto propone prohibir la cesión de los códigos de descuento sobre haberes públicos a financieras privadas y que ningún descuento voluntario deje al agente con menos del 70% de su sueldo neto.
También busca crear en CAPRESCA un Programa de Saneamiento Financiero con una tasa tope de inflación más dos puntos. A fines de agosto, la iniciativa aguardaba dictamen en la comisión de Legislación General.
Seis días después de esa presentación, el oficialismo respondió con propuestas propias. Entre ellas, el diputado Exequiel Moreno planteó declarar por dos años la emergencia en materia de deducción de haberes para la totalidad de los agentes públicos provinciales y municipales, con la caducidad de las habilitaciones de mutuales, cooperativas y financieras para descontar cuotas del sueldo.
Para el IERAL, una ley nacional podría ordenar y potenciar lo que ya ejecutan las provincias y los bancos, que ofrecen a los deudores nuevos créditos con plazos más largos, intereses moderados y, en algunos casos, actualización por UVA.
La principal medida que propone es eliminar los tributos que encarecen la tasa de los préstamos de refinanciación: que la Nación exima del IVA a esos intereses, con la condición de que la provincia haga lo mismo con Ingresos Brutos y Sellos, y el municipio con su tasa. Según su análisis, al tratarse de deudas que no se pagan, la medida no tendría impacto fiscal relevante.
El informe incluyó una simulación sobre una deuda de $1 millón refinanciada a 36 meses. Con una tasa nominal anual fija del 65% y todos los impuestos, el costo financiero total llega al 119% y la primera cuota ronda los $75.000. Sin impuestos, ese costo baja al 75% y la cuota inicial se reduce un 25%.
Si además el préstamo se actualiza por UVA más un interés del 7,5%, la primera cuota cae un 58%.
El IERAL, de todos modos, relativiza el alcance del fenómeno: el 87% del monto prestado a familias y el 96% del otorgado a empresas todavía se paga en forma regular.