La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos confirmó por mayoría la resolución del juez Lucas Vaccaroni que había negado la nulidad del ateneo médico forense. El camarista Horacio Brizuela votó en disidencia. El informe seguirá en el expediente.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos rechazó, por mayoría, el recurso de la querella y confirmó la resolución del juez de Control de Garantías de Tercera Nominación, Lucas Vaccaroni, que había negado la nulidad del ateneo médico forense realizado en marzo en Córdoba por la muerte de Juan Carlos Rojas. De este modo, el informe elaborado por los especialistas seguirá formando parte del expediente. La resolución fue por mayoría, con votos de los camaristas Juan Rosales y Elena Berrondo Isí. El camarista Horacio Brizuela votó en disidencia.
El pasado 1 de octubre se efectuó la audiencia de expresión de agravios. En la oportunidad, el abogado querellante, Iván Sarquís, y el fiscal de Instrucción de Quinta Nominación, Hugo Costilla, expusieron posiciones enfrentadas sobre el valor que debe tener el ateneo dentro de la investigación.
El ateneo se realizó el 13 de marzo bajo una modalidad mixta, con peritos presentes en Córdoba y otros conectados de manera remota. Según la querella, una falla de audio impidió que su perito de parte, Juan José Fenoglio, y varios peritos oficiales que seguían la reunión a distancia participaran en igualdad de condiciones durante la deliberación.
La existencia de esa falla no se discute: el propio juez Vaccaroni admitió, en su resolución de primera instancia, que hubo “inconvenientes técnicos de sonido involuntarios” y que Fenoglio no pudo expresarse en forma directa, aunque hizo llegar su opinión mediante mensajes de audio por WhatsApp.
Al margen, el quid de la cuestión a debatir era otro: si ese inconveniente alcanzaba para anular un acto pericial completo. Para Vaccaroni, que el perito de la querella no haya podido participar de manera presencial y directa no es causal de nulidad absoluta. La querella sostuvo lo contrario y apeló. La Fiscalía, en cambio, pidió que el planteo fuera rechazado y defendió la incorporación del ateneo.
El resultado no determina cómo murió Rojas ni implica que la Cámara haya establecido que se trató de una muerte accidental o natural. Lo que llegó al Tribunal de Alzada fue la validez del acto médico y la posibilidad de que sus conclusiones se utilicen dentro de la investigación.
El ateneo dejó abiertas tres hipótesis: asesinato, muerte accidental y homicidio preterintencional. Los especialistas no pudieron establecer cuál fue la mecánica ni la causa de la muerte y señalaron que el deficiente trabajo criminalístico les impidió inclinarse por una en particular. Tampoco pudieron fijar con rigor científico una secuencia cronológica de las lesiones, cuáles se produjeron primero, cuáles durante el período agónico y cuáles, eventualmente, después de la muerte.
En su resolución, el juez Vaccaroni indicó que las tres hipótesis que investiga Costilla son una agresión homicida con un elemento contuso en la región occipital, una caída accidental desde la propia altura, precipitada o no por una descompensación, y una caída tras un forcejeo o un empujón contra el piso. Eso es lo que se les pidió reevaluar a los especialistas.
Entre sus conclusiones, los médicos consideraron que se trató de una muerte violenta, lo que habilita la hipótesis de la intervención de terceros. También entendieron que Rojas no murió de manera instantánea, que atravesó un período agónico en el que pudo haber realizado movimientos convulsivos o involuntarios sin posibilidad de incorporarse por sus propios medios y que la lesión craneal mortal habría sido provocada por un único golpe, probablemente contra una superficie plana, como el piso. Señalaron, además, fallas en la preservación del lugar del hecho.
Por eso, el ateneo no descartó la hipótesis homicida. Ese punto fue remarcado por Costilla durante la audiencia: sostuvo que las tres hipótesis continúan abiertas y que, si en algún momento debe inclinarse por alguna, lo hará a partir de las constancias de la causa y explicando por qué descarta las otras dos.
La querella había llegado a la audiencia con un pedido concreto: que se declarara la nulidad del ateneo junto con todas sus conclusiones. Para Sarquís, el estudio se realizó de manera irregular y su resultado dejó a la causa en una situación de debilidad probatoria.
La querella también cuestionó que médicos que antes se habían inclinado por la hipótesis homicida, e incluso habían arriesgado una posible mecánica de muerte, durante el ateneo terminaran sosteniendo las tres. Sarquís explicó que, aunque los profesionales manifiestan que no cambiaron de postura, para la querella el acta deja constancia de una modificación evidente. Se trata, según dijo, de peritos oficiales y de especialistas de distintas jurisdicciones consultados durante la investigación. Consideró además que el ateneo debe realizarse nuevamente.
Sarquís defendió la hipótesis homicida porque, dijo, es la que más sentido tiene y la más razonable. “¿Por qué Juan Carlos está tan golpeado, si es que no lo mataron?”, se preguntó y cuestionó que una persona que no mide más de 1,70 metros se caiga desde su propia altura y se produzca 25 lesiones traumáticas.
El abogado apuntó también contra el trabajo de la Dirección General de Criminalística de la Policía. Según su versión, los médicos atribuyeron a ese trabajo la imposibilidad de saber cómo ocurrieron las lesiones, algo que le pareció inadmisible. Fernando Rojas, hijo del ministro, coincidió. Indicó que cuatro años después los peritos de Criminalística siguen en funciones y que no se tomó ninguna determinación sobre su actuación, y expresó su vergüenza por cómo actuó la Justicia de Catamarca.
La preocupación de la querella no estaba ligada solo al resultado del ateneo. En un comunicado difundido el 30 de septiembre, advirtió que consolidar las hipótesis de muerte natural o accidental podría llevar a un decreto de inexistencia de delito y, con él, al archivo de la causa principal y de la conexa por encubrimiento agravado, lo que cerraría casi cuatro años de investigación.
Desde esa perspectiva, el pedido de nulidad no buscaba que se adoptara por anticipado la hipótesis homicida, sino impedir que una instancia pericial cuestionada por sus condiciones de realización terminara condicionando el rumbo de la investigación. La Fiscalía, por su parte, sostiene que no hay una hipótesis cerrada.
Con esta decisión, el ateneo seguirá dentro del expediente, pero la causa por la muerte de Rojas no queda definida. Cómo murió deberá determinarse con el resto de las pruebas, las pericias ya realizadas y las medidas que disponga la Fiscalía. En agosto, Costilla dispuso citar a declarar como testigos a más de 200 empleados del Ministerio de Desarrollo Social, la cartera que Rojas tenía a cargo.
Una cosa es que el tribunal haya considerado válido el procedimiento cuestionado. Otra, muy distinta, es que haya establecido cuál fue la causa de la muerte de Juan Carlos Rojas. Eso todavía debe determinarse en la investigación. El 16 de octubre llegará la explicación jurídica de por qué la mayoría consideró que el ateneo debe mantenerse.
El 3 de diciembre de 2022, Juan Carlos Rojas fue encontrado sin vida en su vivienda de la zona norte de la Capital. A casi cuatro años de su muerte, aún no están claras las circunstancias de su deceso, si fue un homicidio con dolo -es decir, con intención de matar-, una muerte natural o un homicidio preterintencional -con intención de causar un daño pero no la muerte-. La investigación sigue abierta.